Según informaron ayer fuentes jurídicas, los peritos han podido culpar a Telefónica, aunque en su informe aseguran que "el servicio de conexión a Internet sólo debe considerarse satisfecho una vez que se haya establecido la conexión a la red, por lo que completar la primera fase de conexión telefónica entre módems, desde el punto de vista del usuario, no debe considerarse como un servicio prestado". Los dos ingenieros de Telecomunicaciones añaden, sin embargo, que "esta afirmación no puede ir más allá que una mera opinión, pues estamos ante un caso de ausencia de reglamentación al respecto", conclusión que repitieron hoy en presencia del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el fiscal adscrito al caso Enrique Molina y las partes personadas en la causa.

El fiscal cree que los hechos expuestos en la pericia no son constitutivos de delito de estafa -pues falta el componente de "engaño" al usuario, imprescindible para calificarlo como tal- ni de defraudación de fluido eléctrico. En este sentido, las fuentes consultadas añadieron que es probable que el juez acuerde de oficio el archivo del caso y que, en caso de solicitar un informe al fiscal, éste se mostrará a favor del mismo. El juez Baltasar Garzón investiga desde el mes de octubre del año pasado un presunto fraude de Telefónica en la percepción de cantidades en perjuicio de los usuarios conectados a Internet a través de InfoVía e Infovía Plus.

A pesar de todo, fuentes personadas en la causa dijeron que los peritos no incluyeron en su informe un análisis del sistema tarifario de Telefónica, aunque respondieron afirmativamente cuando se les preguntó si el operador dispone de los medios necesarios para saber a qué causa en concreto obedece cada fallo de conexión a Internet. Igual respuesta se obtuvo cuando se les interrogó sobre si Telefónica tiene medios para saber cuánto dinero ha percibido por este concepto.